PNV y PSOE han repartido ilegalmente 487 millones del Gobierno vasco con 1.325 contratos a dedo

El Gobierno vasco del lehendakari Iñigo Urkullu, que el PNV comparte con el PSOE desde 2016, ha acumulado al menos 1.325 contratos adjudicados ilegalmente a dedo, a contratistas elegidos directamente por este Ejecutivo autonómico saltándose la Ley de Contratos del Sector Público y, en la mitad de los casos, sin ni siquiera tramitar el preceptivo y elemental expediente de contratación.

Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, esos 1.325 contratos irregulares han supuesto el reparto de 487 millones de euros de dinero público, con claros indicios de discrecionalidad y bajo sospecha. Sin embargo, pese a la reiteración y abundancia de estas anomalías, no consta que se hayan emprendido acciones legales para depurar responsabilidades.

Esta práctica ha proliferado desde que Iñigo Urkullu fue investido lehendakari por primera vez, y se suma a las irregularidades destapadas por este diario en diputaciones forales gobernadas también por la coalición del PSOE y el PNV. Los nacionalistas vascos figuran entre los socios de referencia de Pedro Sánchez, que cuenta con ellos desde hace años para mantenerse en La Moncloa junto a los votos de formaciones como los proetarras de Bildu o los independentistas catalanes.

Urkullu llegó a la Presidencia del Gobierno vasco a finales de 2012. Su primer año completo de mandato fue 2013, y ese mismo año ya empezaron a detectarse este tipo de contratos ilícitos, según la documentación oficial recopilada por este periódico. Desde ese ejercicio, no ha parado de crecer la cifra de contratos a dedo al margen de la ley: primero durante su Ejecutivo del PNV en solitario; después, y sobre todo, con el gabinete de coalición con el PSOE. Desde 2020, la vicepresidenta del Gobierno vasco (vicelehendakari) es la socialista Idoia Mendia.

Sin concurso público y a dedo

De 2013 a 2021 –falta por auditar las cuentas de 2022–, el Ejecutivo de Urkullu acumuló al menos 671 adjudicaciones directas que, por su importe, debían haber sido objeto de licitaciones públicas. Se trata, en concreto, de 666 contratos, tres convenios de colaboración y dos indemnizaciones, que sumaron desembolsos por un total de 481,9 millones de dinero público.

Prácticamente, todos ellos incurrieron en una ilegalidad flagrante, según destacan los informes de auditoría a los que ha tenido acceso este periódico: se adjudicaron «sin tramitar el correspondiente expediente de contratación y sin observar los principios de publicidad y concurrencia».

Esos 671 pagos se realizaron incluso con el informe en contra de la Oficina de Control Económica (OCE) del propio Gobierno vasco, lo que forzó al Ejecutivo de Urkullu a darlos por buenos a golpe de acuerdo político, mediante la denominada convalidación en Consejo de Gobierno, órgano presidido por el lehendakari y por sus consejeros. En los contratos convalidados, el visto bueno lo dio de forma colegiada el Gobierno vasco en pleno, lo que convierte en corresponsables tanto al lehendakari como al resto de miembros de su Ejecutivo.

Los otros 654 contratos formalizados al margen de la ley por el PNV y el PSOE en el Gobierno vasco se realizaron entre 2015 y 2021, mediante la denominada contratación menor. Es aquella que puede realizarse sin concurso público, por tratarse de adjudicaciones de importes reducidos.

Pero, aun así, la ley exige que exista concurrencia competitiva; es decir, que la Administración recabe varias ofertas, que invite a varios licitadores. En esos 654 contratos no se cumplió este elemental requisito que exige la Ley de Contratos del Sector Público: el Ejecutivo de Urkullu eligió directamente a un contratista, sin dar opción a que hubiera competencia. El monto pagado por esta vía ascendió a 5,3 millones de euros.

Ilegalidad que cuesta dinero

Tanto la adjudicación de contratos menores a dedo como el reparto de abultados encargos de tapadillo, sin expediente reglado de contratación y con informe en contra de la Oficina de Control Económico, son irregularidades que abundan en el Gobierno de Urkullu y de sus socios socialistas año tras año.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas estatal, ha reflejado reiteradamente dichas adjudicaciones ilegales en al menos nueve informes anuales, los que han escrutado la gestión del Gobierno de Urkullu entre los ejercicios 2013 y 2021.

Sin embargo, no consta que de eso se hayan derivado acciones legales de responsabilidad, pese a que son infracciones que incurren en un grueso incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y que, como tales, han de ponerse en conocimiento del Tribunal de Cuentas del Estado. Es a éste al que le corresponde investigar y, en su caso, enjuiciar los casos de irregularidades que pueden conllevar un menoscabo de fondos públicos.

La contratación a dedo, con un único adjudicatario seleccionado previamente sin nadie más que le haga competencia, constituye uno de los supuestos típicos que pueden conducir al menoscabo de dinero público. Y es que, al infringir el principio de competencia –de concurrencia competitiva de licitadores–, se deja en manos de un único contratista la fijación del precio. Más grave aún es si eso se produce con adjudicaciones que, por su elevado importe, forzosamente tendrían que haber sido objeto de licitaciones públicas y no salieron a concurso.

Al margen de la ley año tras año

El récord en número de contratos irregulares se dio en 2018, según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Aquel ejercicio, el Ejecutivo PNV-PSOE que preside Urkullu dio 305 contratos a dedo, que sumaron 43,7 millones de euros. Pero fue en el trienio 2019-2021 cuando se produjo un mayor reparto de dinero público con esta práctica irregular: 236 millones de euros en total, a razón de 51,9 en 2019, 56 en 2020 y 128,1 en 2021. Falta por conocer el dato de 2022, ejercicio que aún no ha sido fiscalizado por los auditores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

En el informe que han evacuado tras inspeccionar las cuentas de 2021, que ha visto la luz en los últimos meses, una vez más –y ya van nueve– los auditores advierten con rotundidad sobre estas irregularidades. Se censura, una vez más, la abundancia de contratos a dedo por parte del Ejecutivo vasco del PNV y del PSOE.

Las irregularidades de 2021

En su informe relativo a las cuentas del Gobierno vasco de 2021, los inspectores indican: «En 93 adquisiciones de bienes y servicios, por un importe total de 995.260 euros (…), hemos detectado que se han llevado a cabo de forma directa, cuando, por su importe, hubieran requerido la tramitación del correspondiente procedimiento de licitación, que debería haber sido, como mínimo, el abierto simplificado abreviado». Es decir, que el Ejecutivo de Urkullu se saltó el requisito legal de garantizar la elemental concurrencia de licitadores.

Además, hacen constar que Urkullu y sus consejeros, personalmente, reunidos en Consejo de Gobierno, convalidaron 62 expedientes por un importe total de 127,1 millones de euros con el informe en contra de la Oficina de Control Económico, porque debían haber sido objeto de convocatorias públicas y ni siquiera contaron con los preceptivos expedientes de adjudicación.

En todos los casos se trató de «prestaciones que se realizaron sin tramitar el oportuno expediente contractual y sin observar los principios de publicidad y concurrencia que habrían correspondido conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público», subrayan los auditores.

Además, los inspectores del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ponen de manifiesto que los contratos a dedo es una práctica extendida, reincidente y sistemática en el Ejecutivo vasco PNV-PSOE. Es decir, son irregularidades detectadas tanto en la contratación realizada desde el departamento de Presidencia como de varias de sus consejerías, entre las que destacan las de Educación y Sanidad.